Mayores frente a la banca

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La situación que estamos padeciendo estos años es de extrema gravedad. La pandemia ha afectado especialmente y lo sigue haciendo a la gente mayor. Una de las mayores lacras que padecemos, y que nada tiene que ver con la pandemia es la exclusión financiera. Es la expulsión creciente de la ciudadanía (personas, familias, pequeños empresarios o autónomos), de los servicios bancarios y financieros necesarios para la vida personal o empresarial de todos estos colectivos.

Los servicios básicos: telefonía, electricidad y otros, ya no aceptan el pago en metálico en sus oficinas. Se nos obliga a realizar cobros y pagos a través de las entidades bancarias sin empleados, en cajeros automáticos o por medios digitales y/o tarjetas. Todo esto expone a una mayor y grave precarización a la ciudadanía más vulnerable que ni tiene recursos para afrontar estos nuevos costes ni tampoco dispone de las habilidades digitales para los nuevos instrumentos financieros. Hoy en día no se remuneran las cuentas ni los depósitos, por el contrario, se empieza a cobrar por tener una cuenta corriente, una cartilla de ahorro, o los pagos de servicios. Y la falta de competencia perjudica al usuario al no existir alternativa para elegir un trato decente.

Garantizar un acceso adecuado a los servicios bancarios básicos a toda la población es una obligación de los poderes públicos.

Además, el acceso físico a las sucursales supervivientes supone, para los que no puedan operar virtualmente, una tarea penosa de tiempo y espera. Problema agudizado en muchos pueblos de Navarra (que sufren también déficit en la cobertura de internet) pero que se manifiesta también en las ciudades.

El oligopolio financiero español se lucra en actividades especulativas, captando liquidez pública a través los

Bancos Centrales que coloca, a menudo en fondos de inversión que suelen operar con perfiles especulativos. A la vez un préstamo personal-familiar en España está en el 6,5%, mientras que en Alemania en el 3,9%, en Francia en el 4,3% y en Italia en el 5,6%.

Se ha liquidado un modelo en que el Estado regulaba y sostenía entidades específicas para la financiación de sectores claves de la economía, como el agrario, el industrial, el local y el de la construcción. En Navarra los intereses de la gran Banca, de políticos neoliberales y de Ejecutivos ambiciosos llevaron a la desaparición de la Caja de Ahorros de Navarra. Cumplía una función social y era una forma más cercana y más barata de financiar a la Administración y a pequeñas empresas. Las Cajas de Ahorro, a diferencia de otros países, hoy no existen. Ya no hay ninguna banca con control público en España y el sistema financiero español es un auténtico oligopolio privado que debería hacer actuar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

Según un estudio del Banco de España de 2018, ya en ese año nuestro país tenía una concentración bancaria un 28 % por encima de la media ponderada de la Eurozona. Con la fusión de CaixaBank y Bankia y las que se anuncian, el sistema financiero español quedará configurado con sólo cuatro grandes grupos que manejarán el 80% del activo bancario. Desaparecerán más oficinas (1300 sólo de Caixabank y Bankia), ya en los últimos 10 años cerraron un 50% de las más de 45.000 que había a fines de 2008; más de 4.000 municipios serán los que se hayan quedado sin oficinas bancarias. Habrá más empleados despedidos (en torno a 6500 de Caixabank y Bankia) que se suman a los más de 100.000 anteriores.

El oligopolio bancario privado actual se ha edificado con ayudas públicas directas e indirectas extraordinarias y no hay perspectivas de recuperación. Ahora sufrimos además las consecuencias de esas fusiones.

Empecemos por frenar en seco el proceso de exclusión financiera en curso. Hay que recomponer servicios de una banca minorista, de depósitos y de desarrollo local volviendo a una Caja o un Banco público de Navarra y fomentando otras cooperativas de crédito, o de servicios a los ciudadanos, como Correos o el ICO. Las organizaciones firmantes planteamos:

Los Gobiernos de España y de Navarra deben obligar mediante una legislación adecuada, a todas las instituciones, privadas y públicas a facilitar el acceso de las personas mayores, impidiendo que el proceso de digitalización de la Banca y de la propia Administración deje atrás a nadie.

Es imprescindible la iniciativa pública para recuperar la banca minorista y de servicios para las personas, las Familias, los profesionales, los pequeños empresarios y los autónomos.

Una legislación que, por un lado, secunde y respalde la construcción por parte de la ciudadanía auto organizada de un sector bancario social, ético, alternativo y democrático, y finalmente la formulación inmediata de un plan integrado de reconstrucción de una Banca Pública en el Estado y en Navarra con sedes que alcancen todo el territorio, y con horarios y fórmulas para que estén al servicio de la ciudadanía y no al contrario.

(Amona, Anapen, Anapp, Asociación de Mayores Lacarra, Federación de Pensionistas de CCOO, Sasoia, Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT)

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