Martes, 5 de diciembre. “EL DESGUACE DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL”

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La opinión por Juan Miguel Fernández, funcionario jubilado.


EL DESGUACE DEL
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El sistema
español de pensiones se apoya en una legislación específica que encierra y
protege un modelo de seguridad social basado en el sistema de reparto, es decir
un sistema en el que las pensiones de los trabajadores jubilados se financia
principalmente con cotizaciones de los trabajadores activos. Todo un sistema
legal e institucional que, reflejo de la unidad de la clase obrera de todo el
estado, protege la unidad de la caja única. Es un sistema legal específico con
características que le han dado una solidez cuestionada en la actualidad desde
distintos ángulos.

Entre esas
características que marcan el carácter de clase de nuestra Seguridad Social
destacan aquellas que facultan a los sindicatos a participar en su control, a
nivel de empresa y en la dirección. Los representantes sindicales tienen
derecho a conocer la información detallada sobre el ingreso de las cotizaciones
sociales por parte del empresario, la relación nominal de los trabajadores y el
boletín de cotización, las horas extras realizadas y su cotización. Así mismo,
en la cúspide de esas instituciones, en el Consejo General, por derecho propio,
hay representantes de los sindicatos (un tercio) con capacidad de control y
vigilancia de la gestión.

Una segunda
característica es que su patrimonio, formado por todos los recursos, bienes y
derechos, constituye un patrimonio único afecto a sus fines y distinto del
patrimonio del Estado. Sus bienes inmuebles deben estar inscritos en el
registro de propiedad a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Sus presupuestos no están sometidos a la regla de gasto y son ampliables en
todo lo necesario para atender el derecho a las prestaciones.

Esta articulación
se encuentra amenazada por la encarnizada lucha del capital financiero por
reducir el coste del trabajo, lo que lleva al gobierno a resquebrajar el
sistema. Es más, la aceptación de sus premisas conduce a las direcciones del
movimiento obrero a proponer líneas de desmembración del sistema de Seguridad
Social. Véase la propuesta de financiar con impuestos las prestaciones de
viudedad y orfandad, o la asunción por parte del estado de los gastos de
administración de la Seguridad Social, o las propuestas de cambio del modelo
actual de Seguridad Social por otro que dé entrada a la financiación por
impuestos finalistas.

Un caso especial
de desguace de la Seguridad Social lo constituyen las propuestas que merodean
en el Pacto de Toledo sobre el traspaso de inmuebles de la Seguridad Social a
la Administración General del Estado.

Así los
dirigentes el PDeCAT plantean en el Pacto de Toledo lo siguiente:
“Que se
liquiden definitivamente las deudas existentes entre la Seguridad Social y el
Estado (…) permitiendo a las Administraciones titulares de la gestión
adquirir la plena titularidad dominical de los establecimientos donde se ubican
los servicios de referencia”.
El enigma lo
aclara el Informe del gobierno sobre el desarrollo del Pacto de Toledo 2011 –
2015, cuando informa de la existencia de unos préstamos desde el Presupuesto
del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, por un total de 17.168,65
millones de euros, que debió haberse registrados como simples aportaciones o
transferencias. Al registrarlos como préstamos lo que se hacía era trasladar
los problemas de déficit del Presupuesto del Estado al Presupuesto de la
Seguridad Social. Así lo reconoce el propio informe del gobierno justificando
esta financiación mediante préstamos: “probablemente para no incrementar
el déficit de estado, se estableció vía préstamos en lugar de instrumentar las
transferencias necesarias”. Se trata de deudas falsas, pero que ahora se
quieren cobrar a costa de bienes que forman parte del patrimonio de la
Seguridad Social.

Y para que se
liquiden estas falsas deudas de la Seguridad Social con Estado el gobierno
dice: “La resolución de los problemas de contabilidad derivados de los
préstamos (…) podría resolverse (…) permitiendo a las Administraciones
titulares de la gestión adquirir la plena titularidad dominical de los
establecimientos donde se ubican los establecimientos de referencia”. Los
establecimientos de referencia son los establecimientos sanitarios (los
hospitales, ambulatorios centros de salud, etc.) y establecimientos de los
servicios sociales en uso por las Comunidades Autónomas y cuya adquisición fue
financiada con cotizaciones sociales.

Como en el último
año el gobierno del PP ha vuelto a utilizar esta táctica fraudulenta, iniciada
por el gobierno socialista en los años 90, la presión por utilizar los inmuebles
del patrimonio de la Seguridad Social para tapar los déficits crónicos de los
presupuestos del Estado o las Comunidades Autónomas se incrementará. Proceder
totalmente ilegal, pues el destino de ese patrimonio propio debe afectarse
exclusivamente a los fines propios de la Seguridad Social, por ejemplo ser
soporte financiero de las pensiones.
Si la
movilización sindical no lo remedia, estamos ante otro capítulo del desguace de
la Seguridad Social, el saqueo de un valioso patrimonio inmobiliario que puede
ser soporte de parte de sus necesidades financieras.

Nota: La Opinión es un espacio de Radio Rebelde Republicana abierto y plural, en el cual una serie de colaboradoras/es dejan su opinión respecto algunos temas, que no siempre tienen por qué estar en la línea editorial de nuestra emisora.

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