Lunes, 15 de enero. “Los bebés robados en el Estado español: La lucha continúa”

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Articulo publicado en Rojo y Negro.
En enero de 2013 la revista Viento Sur
publicaba el artículo “El robo de niños en España. Un delito continuado en el
tiempo”, donde se explicaba en profundidad el origen de este crimen, su
desarrollo en la dictadura y su continuación en la democracia. El presente
artículo retoma este asunto, cinco años después, como muestra de que, a pesar
del extenso camino recorrido por las asociaciones de víctimas, todavía nos
queda un gran trecho para conseguir todas nuestras reivindicaciones, basadas en
el derecho a la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no
repetición. La parte básica del artículo del 2013 está aquí recogida, y queda
ampliada con las acciones que durante estos años se han producido en espacios
internacionales, estatales, autonómicos y locales, tanto en el ámbito judicial
y legislativo como social.
Introducción
Siempre se ha contemplado que los únicos
robos que se produjeron relacionados con el franquismo eran los de los niños
robados a las mujeres republicanas hasta el año 1952 bajo la represión
política. Sin embargo, el móvil político no es el único que hay detrás de los
crímenes de una dictadura. El móvil político, el ideológico, el económico, el
que se comete en nombre de la moral, de la religión, de las buenas costumbres,
todos forman parte de la misma ignominia. Sin olvidar la terrible represión de
género que anula los más básicos derechos de las mujeres y que enmarca de forma
trágica este crimen. Más allá del año 52, y durante toda la dictadura, en todo
el Estado español, un número incalculable de mujeres quedaron con el corazón
lleno de dolor y los brazos vacíos sin sus bebés. Sumidas en este horror fueron
capaces de llevar adelante su vida y su familia, eso sí, quedando ambas
amputadas para siempre. Los niños y niñas que fueron robados en cárceles,
hospitales, clínicas, en cualquier centro estatal o privado de cualquier
naturaleza o índole, donde las mujeres dieran a luz, continúan hoy
desaparecidos, siguen hoy despojados de su identidad, de su derecho a saber
quiénes son. Durante el franquismo, no solo se aniquiló a los opositores al
régimen, sino que se estableció un sistema de terror donde la impunidad llegaba
a cualquier lugar donde una figura de autoridad pudiera ejercer su poder ante
la población más desfavorecida. En 2018, después de 40 años de democracia en
España, la impunidad continúa porque estos delitos de lesa humanidad, junto con
muchos otros que se produjeron, ni están siendo investigados en nuestro país,
ni se están buscando a esos niños y niñas, ya hoy hombres y mujeres, ni hay
nadie en la cárcel por todo lo ocurrido.
Recorrido histórico
La represión política: Este crimen tiene su
origen en los primeros años de la dictadura, donde se promulgaron decretos que
respaldaban la separación de los niños de las mujeres republicanas con una
finalidad de clara represión política, bajo el amparo de delirantes teorías de
naturaleza nazi como la del psiquiatra Antonio Vallejo Nájera que propugnaba la
existencia de un gen rojo, causa de taras mentales e inferioridad racial que
llevaban a conductas psicópatas antisociales, por lo que era preciso la
segregación desde la infancia, ya que esa inferioridad podría ser corregida en
edades tempranas. Según el auto del juez Baltasar Garzón del 18 de noviembre de
2008, fueron más de 30.000 niños los apartados de sus madres en esta etapa.
La otra represión: A partir de esta primera
etapa se empieza a crear, desde el argumento racista de la segregación como
redención para los menores, algo que una vez pasada una primera etapa de
represión política continúa bajo el fanatismo ideológico del Nacional
Catolicismo y donde cada vez va cobrando más fuerza, también, el móvil
económico. Es en las décadas de los 60 y 70 cuando el objetivo cambia y es otro
sector vulnerable de la sociedad el que se convierte en víctima de estos
crímenes. Existe una diferencia importante con respecto a la etapa anterior.
Estas familias, al contrario de las mujeres republicanas, no son conscientes de
estar siendo víctimas de un robo. En todos los casos que han salido a la luz se
les decía que el bebé había fallecido. Ya no estamos hablando de leyes que permitían
separar abiertamente a los hijos de sus madres, sino de una situación donde a
través del engaño se robaba a los niños de sus familias, con la seguridad del
que tiene un cargo o estatus que le sitúa en una posición de poder, donde sus
decisiones no se cuestionan y donde sus acciones están más allá del bien o del
mal. Por tanto, estamos hablando de delitos producidos en diferentes épocas,
por diferentes motivos, como actos de (ilegítimo) Derecho y como actos de
hecho, pero todos fruto de una acción activa o permisiva de la dictadura
franquista, de la connivencia y, por tanto, bajo el amparo de la impunidad
propia de un Estado corrupto.
En la democracia La respuesta a por qué no
hubo un cese inmediato de los robos de niños tiene relación con la ausencia de
ruptura con una determinada estructura de poder después de la muerte del
dictador. No hubo un cambio radical ni de actitudes ni de actuaciones. No
existió una gran renovación en estamentos que necesariamente tendrían que haber
sido democratizados y que, sin embargo, permanecieron anclados en la etapa
anterior. Los cargos que muchas personas mantuvieron durante la dictadura los
siguieron manteniendo durante la democracia, por lo que los presuntos
implicados (personal sanitario, religioso y funcionario) pudieron seguir
actuando año tras año. Las etapas de las que se ha hablado no son episodios
aislados de nuestra Historia reciente, sino que todas se relacionan a lo largo
de una misma línea temporal cuyo hilo conductor es la impunidad y que llega
hasta época muy próxima debido a la ausencia de una ruptura profunda con
algunos ambientes sociales, políticos y jurídicos de una época que ni siquiera
se puede todavía investigar ni enjuiciar.
Situación actual en nuestro país
Las denuncias se archivan en un porcentaje
escandaloso. Se han abierto diligencias de investigación por 2.074 casos de
niños robados3. De ellas, ÚNICAMENTE han sido judicializadas 522. En la
actualidad continúan siendo objeto de investigación solo cinco. El resto o han
sido archivadas o están en un limbo legal. Incluso cuando otras pruebas existen
a través de exhumaciones y se comprueba que los féretros están vacíos o los
restos hallados no pertenecen al bebé buscado, las denuncias no prosperan. No
hay nadie en la cárcel por todo lo ocurrido a pesar de las miles de denuncias
presentadas. Tan solo hay previsto desde 2016 el juicio oral de Eduardo Vela,
ginecólogo acusado de tres delitos relacionados con el robo de una niña en
1968. Sin embargo, la primera persona que desgraciadamente puede ir a la cárcel
por el tema del robo de bebés es una víctima, otra de nuestras compañeras:
Ascensión López Rodríguez, presidenta de la asociación SOS Bebés Robados
Almería, acusada de un delito de calumnia y condenada a pagar una multa de
3.000 €, además de tener que indemnizar en la cantidad de 40.000 € a la monja
que se querelló contra ella. Debido a la imposibilidad de pagar la multa que le
ha sido impuesta, si no se le concede el indulto, María Ascensión tendrá que
pasar 5 meses en prisión. En octubre de 2013 Ascensión contaba en varios medios
de comunicación las irregularidades que durante años había conseguido
documentar sobre su adopción, en dichas declaraciones hacía mención a una
monja, sobrina de su padre adoptivo, que fue la que ayudó a sus padres a conseguir
la adopción de la menor. Tras estas declaraciones dicha monja interpuso una
querella por un presunto delito de injurias y calumnias aun reconociendo que la
firma que aparece en su expediente de adopción es la de ella. Por otro lado, el
acceso a los archivos, tanto públicos como privados, en concreto los
eclesiásticos, son de difícil o imposible acceso. Cuando encontramos
documentación no es inusual que los documentos tengan datos contradictorios o
directamente falsos. Incomprensiblemente, la desaparición de bebés de tales
dimensiones no es considerada por todos los fiscales y jueces como un delito
permanente e imprescriptible, un crimen contra la humanidad. Las autoridades
españolas tampoco reconocen, de ninguna manera, la vinculación de estos delitos
con el franquismo. Ni los consideran un crimen contra la humanidad.
Acciones de organismos internacionales
En cuanto al robo sistemático de niños en
España, hay puntos claros y precisos en diferentes documentos e iniciativas
judiciales que nuestro Estado debería tener en cuenta: El Informe definitivo
sobre Desapariciones Forzadas expuesto en septiembre de 2014 en el 27º período
de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ya no solo se
menciona lo sucedido en la etapa de represión política a las mujeres
republicanas, sino que también, y quizás por primera vez, aparece en un Informe
de Naciones Unidas de forma tan explícita lo que ocurrió con el robo de niños
durante las décadas que duró la dictadura, haciendo referencia a instituciones
públicas del Estado y a sus funcionarios. La Convención firmada por España
sobre “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas” del año 2006, que España ratificó el 14 de julio
del 2009 y en cuyo artículo 25 habla explícitamente de la obligación de los
estados parte a prevenir y sancionar la apropiación de niños sometidos a
desaparición forzada, así como la falsificación, el ocultamiento o la
destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de esos niños. La
Convención sobre los Derechos del Niño -aprobada por la Asamblea General de
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que entró en vigor el 2 de
septiembre de 1990- se convirtió en ley, después de ser firmada y aceptada por
casi todos los países del mundo, entre ellos España. Una convención que en sus
artículos 7 y 8 expone el derecho del niño a tener una identidad y la
obligación de los Estados Partes a respetar el derecho del niño a preservar su
identidad o a restablecerla si ha sido vulnerada.  Muchas víctimas, agrupadas en asociaciones,
estamos participando en la Causa conocida como Querella argentina contra los
crímenes del franquismo. El Estado español se niega a colaborar con la Justicia
argentina, infringiendo así los acuerdos de colaboración suscritos entre España
y Argentina. Esto se traduce en la falta de colaboración con la jueza María
Servini de Cubría en cuyo Auto resolutivo de 30 de octubre de 2014 se emiten 20
órdenes de detención y extradición para imputados por crímenes contra la humanidad,
entre las cuales está la del ginecólogo Abelardo García Balaguer, presuntamente
relacionado con el robo de un bebé en 1967 en la Línea de la Concepción. Con
esta resolución, por primera vez, se considera en un ámbito judicial el robo de
niños como un delito de lesa humanidad. El Consejo de Ministros rechazó las
extradiciones en marzo de 2015 alegando, entre otras cosas, que en el momento
en que se cometieron dichos crímenes en el Código Penal español no estaban
tipificados como delitos. Ante esa decisión, la jueza Servini en marzo de 2016,
presentó un exhorto a la Audiencia Nacional para tomarles declaración en
España. Ante esta decisión, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal,
mandó el 30 de septiembre de 2016, a las Fiscalías Provinciales, un escrito
para indicarles cómo debían oponerse a las declaraciones de cargos franquistas
y víctimas que investiga Servini, amparándose en la Ley de Amnistía
fundamentalmente. En noviembre de 2017 se aprobó el Informe de la Misión y
Recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, elaborado
a raíz de la visita de inspección realizada en España del 22 al 23 de mayo de
2017, establece 31 recomendaciones al Estado español basadas en el derecho a la
verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas
por el robo de bebés. Veremos si estas recomendaciones son asumidas por las
autoridades españolas o si el Informe pasa a ser un documento más en la
papelera del olvido de los despachos de nuestras instituciones.

Acciones reivindicativas
Ante la situación en nuestro país, todavía
muy precaria en cuanto a avances en nuestra causa, las asociaciones seguimos
trabajando para que en diferentes espacios y ámbitos se reconozcan nuestros
derechos, y podamos conseguir la resolución de los casos de desapariciones
infantiles durante el franquismo y su continuación en la democracia.
Internacionales Las acciones judiciales en
las que estamos participando son la Querella argentina contra los crímenes del
franquismo, abierta el 14 de abril de 2010, y en la Querella recientemente
admitida en febrero de 2017, también contra los crímenes franquistas, por la
Corte de México. Esta querella en México, presentada por Amnistía
Internacional, precisamente se ha abierto con un caso de un bebé supuestamente
robado y trasladado a México en 1967 con la presunta colaboración de
personalidades estrechamente relacionadas con instituciones del Estado. En al
ámbito legislativo hemos colaborado estrechamente con la Comisión de Peticiones
del Parlamento Europeo para que el Informe sobre bebés robados, de noviembre de
2017, saliera a la luz. Un informe que se aprobó con el voto de todos los
componentes de la Comisión, excepto el del partido Popular Europeo que emitió
un voto particular.
Estatales l Difusión social En cada Comunidad
Autónoma, las asociaciones tienen sus propios actos de difusión social. En
Madrid, nos concentramos en la Puerta del Sol el primer domingo de cada mes
para informar a la ciudadanía de nuestra lucha. Desde la participación en proyectos
de investigación hasta la organización de Conferencias y Seminarios en ámbitos
educativos, damos visibilidad a nuestra causa, así como intentamos concienciar
a la sociedad española y a la comunidad internacional de estos hechos.
Querellas de los ayuntamientos: Dentro de la
Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina – CeAqua, estamos
llevando a cabo una acción desde hace 3 años donde solicitamos que los
ayuntamientos, como las instituciones que están más cerca de la ciudadanía, se
querellen contra los crímenes del franquismo sufridos por los vecinos de cada
municipio. A día de hoy numerosos ayuntamientos de nuestro país han realizado
han aprobado mociones donde se comprometen a realizar la acción judicial de
presentar sus querellas en los juzgados correspondientes a la comisión de los
hechos delictivos. Entre estos ayuntamientos se encuentran: Vitoria, Pamplona,
Durango, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Cádiz, Rivas, Durango, Elgeta,
municipios de Asturias, y decenas más de todos los puntos del Estado. El 31 de
octubre también el Ayuntamiento de Madrid aprobó la Moción para que esta
institución se querelle.
Proposiciones de Ley para la modificación de
la Ley Amnistía y el Código Penal. También dentro de CeAqua, hemos participado
en esta iniciativa legislativa. En octubre de 2017 se presentaron en el
Congreso de los Diputados, con la firma de numerosas fuerzas políticas, estas
PL. A 2018 las víctimas del franquismo seguimos sufriendo una terrible ausencia
de Justicia, a causa de una Ley que menoscaba el derecho de las víctimas de
violaciones de Derechos Humanos. De ahí que la modificación de esta Ley para
que no impida que se investiguen, enjuicien e impongan las penas
correspondientes a los responsables de haber cometido crímenes contra la humanidad
es absolutamente imprescindible; así como la modificación del Código Penal para
que a las víctimas de la dictadura y a sus familiares nos sea reconocido
nuestro derecho a la Justicia, más cuando el Derecho Internacional aporta todos
los argumentos jurídicos necesarios para ello.
Presentación de Proposiciones No de Ley
específicas de bebés robados: Llevamos presentadas varias PNL en diferentes
espacios institucionales legislativos. Entre ellas está la PNL de la Comunidad
de Madrid, aprobada por unanimidad el 6 de octubre de 2016, y cuyo contenido
fue elaborado con la participación de las tres asociaciones de víctimas por el
robo de bebés en Madrid (Adelante Bebés Robados, SOS Bebés Robados Madrid y
Todos los niños robados son también mis niños). Uno de los puntos se centra en
la creación de una comisión de seguimiento documental que esperamos se ponga en
breve en marcha.
Mociones en diferentes ayuntamientos de
Madrid: Las tres asociaciones de Madrid también estamos colaborando juntas en
los textos de las mociones que enviamos a los diferentes ayuntamientos para
que, entre otras peticiones, insten al Gobierno de Madrid a que cumpla con la
PNL aprobada el 6 de octubre de 2016.
Aportaciones a las leyes de Memoria Histórica
y Democrática autonómicas: El jueves 19 de octubre, se aprobó la Ley, de la
Generalitat, de memoria democrática y por la convivencia de la Comunidad
Valenciana (RE número 51.671) en las Corts Valencianes . Pudimos participar a
través de una comparecencia en la Comissió de Justícia, Governació i
Administració Local y exponer la importancia de introducir en la Ley a las
víctimas por el robo de bebés en la Comunidad Valenciana. Asimismo, aportó un
escrito al equipo jurídico redactor con enmiendas a la Ley, en relación con
este tema. Ya teníamos el precedente de la inclusión del robo de bebés en la
Ley de Memoria Democrática de Andalucía como crimen del franquismo y la
aprobación, en el Pleno del 29 de junio del Parlamento de Navarra, de la
magnífica Proposición de Ley por la que se modifica la Ley Foral 33/2013, de 26
de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y
ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe
militar de 1936 . Dicha modificación, donde nuestra asociación participó activamente,
consistió en la inclusión entre los supuestos de la Ley a las víctimas de la
práctica del robo de bebés como una forma más de represión, la de género.
Proposición de Ley estatal de bebés robados
En algunas de las diferentes leyes de Memoria Histórica y Democrática
autonómicas han quedado recogidas las víctimas por el robo de bebés. Este hecho
es absolutamente reconocedor de la relación de este crimen con la dictadura.
Muchas de las asociaciones de víctimas por el robo de bebés hemos celebrado con
gran alegría la aprobación de estas leyes con una enorme esperanza de que esta
acción se realice en todo el Estado español, algo perfectamente posible si
realmente hubiera la voluntad política de hacerlo. Actualmente estamos
realizando esta iniciativa, la de conseguir una Ley estatal de bebés robados,
desde nuestra asociación Todos los niños robados son también mis niños, pero
contamos con el apoyo y acompañamiento de diferentes entidades: CeAqua,
Adelante Bebés Robados, SOS Bebés Robados Madrid, la Red Argentino Europea por
el Derecho a la Identidad (representantes de las Abuelas de Plaza de Mayo),
entre otras entidades estatales e internacionales, defensoras de los Derechos
Humanos. Sabemos que es un trayecto largo el que tenemos por delante pero
contamos con la resistencia propia de un colectivo donde el victimismo no tiene
lugar, sino que somos víctimas activas y reivindicativas de nuestros derechos,
y de tal modo estamos actuando.
Conclusión
En 2018 debemos seguir pidiendo Justicia,
después de 40 años de dictadura y 40 años de impunidad. Pero no nos damos por
vencidos, seguiremos exigiendo: que se admita el reconocimiento del robo masivo
y sistemático de bebés, durante décadas y en todo el territorio español, desde
1936 hasta bien entrada la democracia como un problema de Estado; que se tenga
el compromiso por parte de todas las autoridades españolas, de cualquier ámbito
institucional, a una investigación efectiva de los hechos que permita la búsqueda
de los “niños” y “niñas” desaparecidos, hoy adultos en busca de su identidad
robada; así como que exista la determinación de promulgar leyes que permitan la
persecución y enjuiciamiento de los culpables de este delito que,
inexorablemente, deberá considerarse como un crimen contra la humanidad. Robar
un niño a una madre y negar el derecho elemental de una persona a conocer su
identidad no puede quedar impune. Seguimos trabajando.

Soledad Luque Delgado – Presidenta de la
asociación “Todos los niños robados son también mis niños”. Portavoz y
representante de las víctimas por el robo de niños integrantes en la CeAqua,
Coordinadora de apoyo a la Querella argentina contra los crímenes del
franquismo.
Nota: La Opinión es un espacio de Radio
Rebelde Republicana abierto y plural, en el cual una serie de colaboradoras/es
dejan su opinión respecto algunos temas, que no siempre tienen por qué estar en
la línea editorial de nuestra emisora.

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