En 1869 los curas también eran infernales

0

No fue muy afortunada la Regencia del general Francisco Serrano y Domínguez, “el general bonito” que desvirgó a la que sería golfísima reina Isabel II de Borbón: se ve que le dio mucho gusto y la aficionó al vicio. Merece un recuerdo el decreto publicado por el ministro de Gracia y Justicia, Manuel Ruiz Zorrilla, el 5 de agosto de 1869, sobre el ejercicio del sacerdocio, porque denunciaba “que los que deben ser nuncios de paz se han convertido en sangrientos conspiradores; que están provocando los ánimos, y con inusitado ardor y criminal empeño encienden la tea de la discordia, pareciendo más bien que sacerdotes paladines de intereses mundanos”.

La guerra abierta declarada por la clerigalla a la Regencia se debía al deseo nunca oculto de continuar la alianza secular entre el altar y el trono borbónico. Desde la Constitución de 1812, a la que estúpidamente se tilda de liberal, encabezada con la invocación “En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad”, se impone en el artículo 12 nada menos que una orden a perpetuidad: “La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.”

Esta imperiosa disposición a perpetuidad se mantuvo en las siguientes constituciones, con ligeras variantes en el enunciado, hasta la de 1876 inclusive. Se entiende que los clérigos se alarmasen cuando la Gloriosa Revolución de 18 de setiembre de 1868 expulsó de España a la golfísima Isabel II con su corte de los milagros, con la desvergonzada sor Patrocinio, apodada la monja de las llagas, a la cabeza, su confesor el padre Claret y el escolapio padre Fulgencio que confesaba a su marido, tres canallas que decían servir a la religión catolicorromana, pero en realidad servían a la lujuria irrefrenable de la cachonda soberana.

Contra la libertad de cultos

Se comprende que la clerigalla sintiera temor de perder sus seculares privilegios al tomar el mando los revolucionarios, aunque ellos declararon su deseo de encontrar un rey decente para España, lo que excluía a los odiados borbones. Es verdad que el artículo 21 de la Constitución promulgada el 6 de junio de 1869, dos meses antes del decreto denunciador, ordenaba que “La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica”, pero añadía a continuación que se garantizaba “El ejercicio público o privado de cualquier otro culto”, a los extranjeros y a los españoles que “profesaren otra religión que la católica”. Esta cláusula estaba en contradicción manifiesta con lo estipulado en las constituciones anteriores, en las que se establecía al catolicismo romano como única religión protegida por el Estado. No podían tolerarlo los obispos y los curas, por lo que emprendieron una campaña contra el regente y sus ministros. Sabían que no se iban a atrever a tomar medidas efectivas contra ellos.

La Iglesia catolicorromana tiene la desvergüenza de afirmar en todas las ocasiones que su misión es espiritual, y por ello no interviene en cuestiones mundanas, pero lo cierto y comprobado es que se inmiscuye en asuntos gubernativos cuando vislumbra que puede ver recortados sus privilegios. Los borbones la protegían, para apoyarse en ella, en cuanto los eclesiásticos defendían la sumisión a las autoridades civiles, y oraban en las misas por los reyes y gobernadores en el “memento de vivos”. Esta práctica se mantuvo impuesta hasta el Concilio Vaticano II.

También acusaba el decreto “que el clero suministra gruesas sumas para promover la conspiración carlista descubierta en diferentes puntos de la Península”. Desde que Carlos de Borbón, el hermano de Fernando VII, se negó a reconocer a su hija Isabel como sucesora, basándose en la derogada Ley Sálica, el pretendiente reunió a su favor a los ultraconservadores, llamados por eso carlistas. Movidos por sus intereses particulares no dudaron en declararse en guerra abierta contra los partidarios de la viuda del tiránico difunto, María Cristina de Borbón, y su hija niña, llevando al reino a un desastre social y económico.

Se atrajo a numerosos curas ultracatólicos, integrados en el ejército carlista, conocidos como curas trabucaires, que combatieron con gran ferocidad a los isabelinos en nombre de su dios ultrasanguinario. No tenía nada de extraño, pues, que en 1869 entregaran a las facciones rebeldes los dineros conseguidos mediante el ejercicio de su acción sacerdotal muy mal entendida. En 1936 hicieron lo mismo con los militares monárquicos sublevados, más ampliamente, porque recogieron limosnas en todos los templos del mundo, entregadas a los rebeldes con destino a la compra de armas.

La guerra desde el púlpito

Por ello el decreto del Ministerio de Gracia y Justicia de la Regencia denunciaba “que un gran número de sacerdotes viene haciendo al Gobierno una guerra sin tregua desde el púlpito y en todas partes”. Es la labor de la Iglesia catolicorromana cuando se siente perjudicada. Tiene en el púlpito y el confesionario dos grandes factores de difusión de sus ideas, más poderosos que los medios de comunicación de masas con mayor divulgación. Sus representantes dicen y ordenan lo que quieren, por saber que las autoridades civiles no se van a atrever a tomar medidas efectivas contra ellos. Es lo que sucedió en 1869 El decreto avisaba de las actividades delictivas de la clerigalla. ¿Y qué? Pues que los obispos salieron en tromba en defensa de sus curas trabucaires, criticando al ministro Ruiz Zorrilla por haber osado denunciar sus actividades punibles.

En la Gaceta de Madrid del 5 de setiembre pueden leerse algunas objeciones episcopales, y sobre todo en la fechada el día 19, en donde José María Urquinaona, entonces obispo de Canarias, publicó una larga carta dirigido al regente. En ella se permitía acusar al Gobierno de insultar a los clérigos, que en su opinión poseen una “alta dignidad que aventaja a la de los Príncipes y Emperadores”, nada menos: esto es lo que debe de permitirles cometer toda clase de delitos, como estamos sabiendo a diario. El obispo Urquinaona, que después fue trasladado a Barcelona, en donde los devotos barceloneses le han dedicado una espléndida plaza en el centro de la ciudad, terminaba su carta con esta admonición apocalíptica:

¡Quiera Dios que la generación presente, que camina ciega a su ruina porque se ha divorciado del sacerdocio y para nada cuenta con la religión, abra algún día sus ojos y busque en la religión de Jesucristo el cimiento del orden y se ampare de su sacerdocio, como venido del cielo para salvarla!      

Los cardenales, arzobispos, obispos, abades mitrados, curas y frailes pederastas condenados en cualquier lugar del mundo no parece que hayan venido del cielo, sino del infierno. Se han aliado siempre con los enemigos del pueblo, en 1869 como en 1936, para mantener sus privilegios seculares, entre los que figura la violación de monaguillos y seminaristas. ¿Y qué? Pues nada, porque los tribunales internacionales de Justicia no se atreven a prohibir la existencia de esta secta. Y encima se dedican plazas y estatuas a sus más trabucaires representantes.

Arturo del Villar, presidente del colectivo republicano tercer milenio.

Artículo anterior‘La falta de majestad de su majestad la reina’ por Arturo del Villar
Artículo siguienteSintonía laica en RRR – 17.09.2019