Desde nuestra trinchera: Constitución y reforma militar

272
0

La llamada Transición, si bien aportó importantes transformaciones en la estructura jurídico-política de la dictadura, fundamentadas en la Constitución de 1978, estuvo en todo momento controlada por el poder político de su aparato de Estado, garante de los intereses de la oligarquía financiera y terrateniente, que sigue detentando el poder efectivo.

El Ejército de Franco representó una amenaza armada durante todo el proceso de reforma de la dictadura, ejerciendo una fuerte presión sobre la incipiente democracia, lo que condicionó la llamada Ley de Amnistía y algunos artículos esenciales de la Constitución. Entre otros, la impunidad absoluta de la persona del Rey, un privilegio indecente que contradice la cacareada igualdad de todos ante la ley, dejando en evidencia la falsedad de lo que el régimen borbónico entiende por Estado de derecho. En realidad es una Ley de punto final, dictada por la cúpula militar, que impuso restricciones muy graves a la reforma democrática, como lo fue la exigencia de impunidad de los crímenes del franquismo.

La complicidad de la monarquía con el franquismo explica el porqué de su oposición frontal a la anulación de la citada Ley, con el pretexto, cuando menos frívolo, de que fue una gran conquista de la democracia. Más de 110.000 crímenes del franquismo fueron contabilizados en un auto de la Audiencia Nacional por el Juez Garzón, acosado y finalmente expulsado de la carrera judicial.

El día 30 de octubre de 1975, durante el Gobierno de Carlos Arias Navarro, Juan

Carlos de Borbón fue nombrado por segunda vez Jefe de Estado en funciones. Fue el traspaso definitivo de poderes. Un mes antes, el 27 de septiembre de 1975, la dictadura fusiló a cinco personas: tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) -José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz- y dos miembros de ETA político-militar, Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui. El año anterior, el 2 de marzo de 1974, había ejecutado mediante garrote vil a Salvador Puig Antich en Barcelona. Estos crímenes fueron fuertemente contestados por la opinión nacional e internacional, llegando el propio Papa a interceder exigiendo clemencia.

La Unión Militar Democrática (UMD) fue una organización clandestina de militares, a la que tuve el honor de pertenecer. Fue creada en septiembre de 1974, tras la revolución de los claveles en Portugal, y disuelta a finales de junio de 1977 tras las primeras elecciones en relativa libertad. Su escasa dimensión e influencia en el proceso de la llamada Transición fue debida, ente otras causas, a la estrategia de los partidos políticos, integrados mayoritariamente en la llamada “platajunta”, que se allanaron a pactar con la monarquía franquista.

La citada ley no solo amnistió los crímenes del franquismo, sino también la presunta responsabilidad del monarca, derivada de su complicidad con la dictadura. Su impunidad quedó doblemente blindada. Primero, tras la promulgación de la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977 y posteriormente por la Constitución de 1978. Por si fuera poco, los oficiales de la UMD procesados y condenados por la dictadura, quedaron excluidos expresamente de la ley de Amnistía, siendo expulsados de las Fuerzas Armadas.

El entonces capitán del Ejército del Aire José Ignacio Domínguez, piloto de reactores, se encontraba en el extranjero cuando la policía militar intentó detenerlo a finales de julio de 1975, junto a otros dirigentes de la UMD. El terror provocado por las citadas detenciones frenó en seco las incorporaciones que se estaban produciendo.

Nuestro compañero José Ignacio, tras su regreso a España, fue procesado en consejo de guerra, condenado a siete años de prisión y expulsado del Ejército del Aire. El Congreso de los Diputados estaba constituido desde hacia varios meses. La Ley en base a la cual quedaban expulsados, él y los demás compañeros condenados, ya había sido aprobada. Tal ley de amnistía, previsoramente amañada, hizo jurídicamente viable esa indignante infamia, cuyos efectos no son ajenos a la actual deriva militar.

Injustas expulsiones, que fueron interpretadas por la mayoría de los miembros del ejército como un predominio arrollador del poder militar franquista sobre la soberanía popular, teóricamente residente en el Congreso de los Diputados. Situación que paralizó toda posibilidad de evolución de los militares hacia posiciones democráticas que no fuesen un descarado paripé; contradicho cobardemente por las incendiarias declaraciones de altos cargos militares, furibundamente franquistas en cuanto pasan a la cómoda situación de retirados.

El restablecimiento, años después, de los empleos militares de los compañeros expulsados no supuso ningún cambio efectivo en la correlación de fuerzas internas, pues fue mayoritariamente rechazada por el generalato. No se les permitió ocupar destinos en servicio activo, lo que acrecentó aún más el dominio ideológico de los militares monárquicos, es decir franquistas, sobre el conjunto del ejército y consolidó definitivamente su hegemonía.

Por aquellos tiempos convulsos me atreví, no sin cierto temor, a criticar públicamente la citada Ley de Amnistía, afirmando que introducía desequilibrios fundamentales en los cimientos de esta democracia. El almirante jefe de la jurisdicción central ordenó abrir contra mi persona un procedimiento previo (nº 48/79). De inmediato fui citado con carácter urgente por el juzgado militar nº 1 del cuartel general de la Armada, siendo sometido a un interrogatorio implacable, que concluyó con mi arresto y una nota desfavorable en mi hoja de hechos.

El régimen monárquico postfranquista establecía en la práctica, con sus hechos, los límites a la libertad de pensamiento democrático y de libre expresión en el seno de las Fuerzas Armadas. Dicha supremacía del franquismo en los aparatos de Estado (ejército, judicatura, policía) no se ha modificado notablemente; en todo caso se ha cronificado, constituyendo uno de los frenos y amenazas más importante para cualquier proceso social de cambio en un sentido progresista.

No obstante, nuestro país forma parte de una estructura supraestatal -la Unión Europea- que, si bien sufre de evidentes déficits democráticos, constituye una referencia fundamental para la necesaria reforma militar. En efecto, no en vano las fuerzas nazifascistas fueron derrotadas y sus aparatos de Estado depurados al término de la contienda. Por el contrario, en los años 50, el apoyo del imperialismo occidental a Franco liquidó el aislamiento internacional que la ONU mantenía frente a la dictadura, quedando las fuerzas democráticas abandonadas a su suerte.

Llevar a cabo una reforma militar eficaz requeriría previamente el poner en pie un amplio frente democrático, popular y antifascista, a escala nacional y europea, que permita frenar la amenazante ola reaccionaria que se abate sobre nuestros pueblos. Se trataría, en primer lugar, de prevenir el ascenso de nuevas formas de fascismo, análogas a las que provocaron en el siglo pasado -junto a la destrucción masiva de ciudades e infraestructuras europeas- un holocausto sin precedentes. La victoria de las fuerzas aliadas sobre el nazifascismo facilitó la depuración de los aparatos de Estado al término de la conflagración.

El nazifascismo -cuyo furor guerrero prendió inicialmente en el Estado español y se propagó al resto de Europa- no fue derrotado en España, en donde su virulencia ideológica vuelve a expandirse amenazante desde el núcleo duro de los aparatos coercitivos, en particular desde el ejército y la policía.

Por todo ello estimo que una reforma militar de carácter democrático, previa a cualquier reforma de carácter técnico-administrativo, habría de abordar los siguientes asuntos:

Anulación de la Ley de Amnistía de octubre de 1977, que estableció de hecho la supremacía del poder militar franquista sobre el poder civil.

Penalización de todo enaltecimiento del dictador, o de sus cómplices.

Verdad, Justicia, Reparación, de los crímenes del franquismo.

Supresión de la Justicia Militar, aparato interno de inmunidad corporativa y represión de ideologías progresistas. No es aceptable que la administración militar sea a su vez juez y parte.

Supresión del llamado Servicio Religioso en las FAS. Anacronismo medieval, producto de la alianza entre el trono y el altar, que muestra la falsedad del carácter aconfesional del Estado español, siendo en realidad un foco permanente de agitación reaccionaria.

Control democrático de la enseñanza en las Academias militares

Garantías de no repetición. Erradicación de los símbolos de la dictadura, en particular de la bandera bicolor borbónica, principal símbolo con el que el franquismo sigue humillando y amenazando a millones de personas. No hay más que ver quiénes la agitan, manifestando su odio a la izquierda social y política. Es insostenible seguir afirmando que esa bandera nos representa a todos.

Una reforma militar es un interés objetivo no solo de los pueblos de España sino también del conjunto de los pueblos europeos. Por ello, ante la inquietante situación actual, los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados deberían afrontar, sin más dilación, una reforma militar efectiva.

Es de prever, no obstante, la oposición frenética y consiguiente bloqueo por parte de la ultraderecha monárquica, debido a la creciente influencia que ésta ejerce sobre una parte desmedida de la derecha social y política, incluidos los cuerpos armados del Estado español. De darse tal situación, los grupos políticos con representación parlamentaria deberían alertar al Parlamento Europeo, así como a las instituciones comunitarias, de la existencia de una creciente amenaza de contaminación ultraderechista intraeuropea.

Sabemos que el derecho no puede jamás elevarse sobre el régimen económico y el desarrollo cultural de una sociedad condicionada por este régimen. Ello pone de manifiesto la necesidad de aunar voluntades en torno a un frente amplio, capaz de tejer una alianza eficaz entre los pueblos del Estado y sus clases populares. Proceso social que habrá de alcanzar el impulso suficiente para modificar sustancialmente la correlación de fuerzas en beneficio de la clase trabajadora, protagonista esencial de los avances históricos.

El apoyo activo y exigente al ala izquierda del actual Gobierno de coalición progresista, acosado por una ultraderecha monárquica amenazante, es, a mi modo de ver, la única opción democrática viable para impedir una involución, pretendidamente constitucional, de proporciones devastadoras.

Manuel Ruiz Robles, capitán de navío de la Armada, retirado. Miembro del Colectivo ANEMOI. Presidente Federal de Unidad Cívica por la República (UCR).

Artículo anteriorUna nueva constitución para una nueva república
Artículo siguientePrograma especial Constitución de 1978 opinión y alternativas