‘Cuando la milicia es noticia’ por Arturo del Villar

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   Algo marcha mal en el reino cuando los militares se convierten en noticia cotidiana en los medios de comunicación de masas. Unas veces porque dirigen cartas al rey, por ser su jefe supremo constitucionalmente, para aconsejarle lo que debe hacer, porque ellos lo quieren así, y otras porque anuncian planes para fusilar a los civiles que no les parecen mecedores de seguir viviendo. Ignoramos si el rey les ha respondido, porque su Oficina de Prensa no ha facilitado ningún dato acerca de esta cuestión que al parecer no inquieta en palacio. Los artículos de opinión publicados en algunos de esos medios, en cambio, consideran que es trascendental.

Este país llamado España está colocado geográficamente en Europa, aunque muy alejado ideológica y socialmente de la que puede considerarse norma general de conducta europea. La historia de nuestro siglo XIX y comienzos del XX registra una continua sucesión de golpes de Estado, pronunciamientos, rebeliones o cualquiera de las otras denominaciones capaces de definir la actitud de unos militares deseosos de regir según sus métodos la vida política, y por ende social, del país.

Y si se detuvo esa costumbre en el siglo XX fue porque triunfó la última y más violenta sublevación militar iniciada en 1936, que dio lugar a una nueva guerra civil y a una terrible dictadura prolongada durante 36 años, en los que se dirimían los conflictos sociales mediante los consejos de guerra y su consecuencia, los fusilamientos o el garrote vil. No obstante, el 23 de febrero de 1981 un grupo de militares y guardias civiles bien armados  asaltó el Congreso y retuvo a los diputados durante unas horas, aunque resultó una extraña chapuza disparatada, sin categoría de golpe de Estado.

El amo y el siervo

El pueblo español ha permanecido siempre sujeto al poder militar, personificado en la figura del rey como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Se resuelve en diversos grados, que van desde la obligación de colaborar con el ejército cuando se le reclame en la paz, o en el sometimiento a la ley marcial que anula todas las restantes leyes y los derechos constitucionales desde que existen las constituciones, iniciadas en 1808 con la de Bayona, que ordenó promulgar José I Bonaparte, el mejor rey que ha tenido España, porque era un hombre culto, sobrio a pesar de las chanzas populares, sano de mente, interesado por el bienestar del pueblo, como heredero del espíritu inspirado por la Revolución Francesa. Por eso los curas y los frailes incitaron al populacho inculto a rechazarlo alegando que era francés, lo mismo que el primer Borbón, el demente Felipe V.

Los reyes han jurado y perjurado su Constitución según les ha venido en la real gana, lo que demuestra la incorrección de referirse a reyes constitucionales, cuando lo exacto es decir constituciones reales. Esto es así porque los mismos textos constitucionales declaran a las personas de los monarcas inviolables y no sujetas a responsabilidad, por lo que se hallan facultados para hacer su real voluntad, aunque se escandalicen los vasallos ante su comportamiento delictivo y crapuloso.

La Constitución promulgada el 2 de julio de 1876 comienza señalando a  “Don Alfonso XII, por la gracia de Dios rey constitucional de España”, una gracia que no estaba demostrada, sino que repetía la fórmula adoptada desde la Constitución promulgada en  Cádiz el 19 de marzo de 1812. Los curas y frailes trabucaires aseguraron siempre que tal era la voluntad de Dios, según ellos la conocían, que el designado reinase, y por lo tanto su autoridad emanaba de Dios y quien la discutiese era anatema.

En su artículo tercero la Constitución de 1876 dispone: “Todo español está obligado a defender la patria con la armas, cuando sea llamado por la ley, y a contribuir, en proporción de sus haberes, para los gastos del Estado, de la provincia y del municipio.” De modo que el reino podía ser militarizado si así lo consideraba oportuno la autoridad real de acuerdo con la militar. El mismo artículo impone la obligación de combatir y de pagar.

El primer punto de artículo octavo en la vigente Constitución borbónica de 1978 declara: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.” Esta definición podría entenderse como que deben entregarse a impedir las invasiones de enemigos extranjeros que pretendan colonizar el país y poner fin a su independencia, aunque hemos comprobado recientemente que para algunos militares los enemigos están dentro del reino y no fuera, por lo que entienden su misión como ejecutar a quienes ellos mismos consideren enemigos. Con ley marcial o sin ella, los militares imponen su autoridad para salvaguardar sus prerrogativas.

Dicho también en verso

No hacía falta que se promulgaran las constituciones para que el pueblo español conociera sus obligaciones bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas. Una obra del teatro clásico siempre representada con éxito popular, El alcalde de Zalamea, escrita por Pedro Calderón de la Barca, que fue militar antes de ordenarse sacerdote a los 51 años, expresa magníficamente la situación de dependencia por parte del pueblo de la incuestionable autoridad militar. Conocía muy bien el tema, por haberlo vivido. Se encuentra en dos escenas de la primera jornada.

Llegan a Zalamea las tropas españolas que se dirigen a Portugal, para asistir a la proclamación de Felipe II como rey, y se alojan en las casas particulares de los lugareños, por imponerlo así las ordenanzas, sin ninguna obligación de pagar por el alojamiento a pensión completa, con la añadidura habitualmente de alguna escaramuza sexual consentida, por ser imposible negarse a cumplir los mandatos de la autoridad militar.

El labrador más rico y más respetado por su honradez en Zalamea es Pedro Crespo, motivo por el que será enseguida elegido alcalde de la localidad. Al ser su casa la mejor acondicionada de toda Zalamea, en ella se dispone a alojarse el capitán Álvaro de Ataide. En un parlamento entre el capitán y Juan, hijo de Pedro Crespo, versos 765 a 770, el militar manifiesta su desprecio por la opinión que pueda tener el labrador, considerándolo un vasallo carente de cualquier valor humano:

Álvaro:  ¿Qué habíais de hacer?

Juan:    Perder la vida por la opinión.

Álvaro:  ¿Qué opinión tiene un villano?

Juan:     Aquella misma que vos,

               que no hubiera un capitán            

               si no hubiera un labrador.

Efectivamente, si los labradores no pasaran toda su vida trabajando para pagar los impuestos reales, los reyes no podrían mantener los ejércitos en los que apoyarse para ordenarles unas veces hacer la guerra para conquistar ellos nuevos territorios pertenecientes a monarcas enemigos, y otras para mandarles cortar a sangre y fuego las protestas de sus vasallos. Los militares son entrenados para matar o morir, no tienen ninguna otra obligación que la de obedecer las órdenes reales, atacando si así lo disponen al mismo pueblo al que pertenecen. Están exentos de cualquier otro trabajo. Por ello son necesarios los labradores y los menestrales, para que abonen los impuestos con los que pagar los sueldos de todos los militares, desde el rey hasta el último soldado.

El honor del pueblo

Otro parlamento notable está en los versos 864 a 876. El capitán ha tomado la decisión de mantener relaciones sexuales forzadas con la hija de Pedro Crespo, que reside en la casa al estar soltera. No podía sorprender a los espectadores de la época ese comportamiento del militar, porque era la costumbre de la soldadesca al entrar en una población, por muy pacífica                    que fuera la visita, además de comer y beber hasta hartarse, y de saquear cuanto les gustase en las viviendas.

Al conocer Pedro Crespo las intenciones del capitán está decidido a impedirlas violentamente, por medio de la espada, lo que le convertiría en reo de alta traición para ser ejecutado: él lo sabe, pero quiere defender su honor por encima de todo. En ese mismo instante llega el general don Lope de Figueroa, quien al conocer el pleito ordena al capitán alojarse en otro lugar, porque él mismo se quedará en la casa de Pedro Crespo. Y se entabla este diálogo entre el militar con mando absoluto y el villano sometido:

Lope:     ¿Sabéis que estáis obligado

               a sufrir, por ser quien sois,             

               estas cargas?

Crespo: Con mi hacienda,

               pero con mi fama no.

               Al rey la hacienda y la vida

               se ha de dar, pero el honor

               es patrimonio del alma,

               y el alma sólo es de Dios. 

El sentimiento del honor es protagonista en muchas de las obras del teatro clásico, precisamente porque los llamados villanos lo sentían como propio, algo incomprensible para los llamados nobles, tanto civiles como militares, por considerarse los únicos capacitados para poseer honor, debido a su condición social. Para ellos los villanos eran unos seres de segunda categoría, algo parecido a sus caballos.

La respuesta de Pedro Crespo acepta el comportamiento servil ante el ejército real, por ser quien es, como le recuerda don Lope, y él sumisamente se conforma con cumplir el papel que le ha correspondido en la sociedad de su tiempo. No lo discute, por creerlo natural. Es un labrador, obligado por su condición a tolerar todas las cargas que el rey y sus delegados le impongan, su vida y su hacienda no le pertenecen a él, sino que son propiedad del monarca. Solamente impone un límite, porque como cristiano viejo alega una defensa del honor debido a Dios, superior al vasallaje debido al rey.

Durante siglos se admitió que los reyes lo eran por designio divino, de modo que en los documentos oficiales y en las monedas se hacía constar que reinaban por la gracia de Dios. Tal suposición propalada por la clerecía era aprovechada por los monarcas, convertidos así en señores de vidas y haciendas de sus vasallos. Además de la caza, las distracciones habituales de los reyes hasta nuestro tiempo han consistido en decretar nuevos impuestos con el fin de pagar sus caprichos, y estuprar a las doncellas mejor parecidas del reino. El pueblo debía tolerarlo, debido a que la persona del rey era considerada sagrada. En nuestro tiempo ha perdido la sacralidad, pero conserva la inviolabilidad con un carácter semejante.

Servir al rey

Las mismas prerrogativas que poseían las tropas reales en tiempo de Felipe II, cuando sucede la acción, se mantuvieron con matices en los años posteriores. Los sorteos de los quintos decidían a qué lugares debían trasladarse los reclutas llamados a filas, para hacer la guerra en las colonias americanas o africanas, al servicio de los intereses personales del rey, porque a un labrador o a un menestral no le importaba absolutamente nada lo que sucediera en tan lejanos lugares, sino que pretendía únicamente entregarse al trabajo con el que mantener a la familia. Los pertenecientes a familias adineradas evitaban realizar el servicio militar, mediante el pago de la conocida como cuota, pero los pobres debían cumplirlo o eran conducidos a las prisiones militares.

Debido a la gracia divina o sin ninguna gracia, los vasallos debían cumplir con la obligación de lo que se llamaba servir al rey, o exponerse al castigo sumarísimo. Es lo que ocurrió, por citar un ejemplo muy conocido, en julio de 1909, cuando los reservistas se negaron a embarcar en Barcelona para trasladarse a combatir en Marruecos a los independentistas. Su actitud dio lugar a la conocida como Semana Trágica o Sangrienta o Roja de Barcelona, según las preferencias de los historiadores. Además de los fallecidos durante el conflicto, a su término se dictaron sentencias de muerte, de cárcel y destierro, bajo la dirección del capitán general de Cataluña, que los historiadores aquí sí están de acuerdo en considerar llevó a cabo una represión sanguinaria.

Sin la menor duda, para los militares la vida de los civiles tiene menos valor que una orden superior, de modo que el osado de incumplirla ha de ser pasado por las armas, según expresión aceptada. Por el contrario, la vida de un militar es tan valiosa que cuando alguno fallece a consecuencia de un atentado político, sus compañeros no descansan hasta matar al acusado de cometerlo, con todos los pronunciamientos legales, desde luego.

La sociedad ha avanzado mucho, pero los privilegios militares se han mantenido intactos bajo nuevas fórmulas en España. En los últimos días han considerado oportuno recordárnoslo, incluso con amenazas de fusilamiento. Es obligado servir al rey, dándole la hacienda y la vida, como sigue declarando Pedro Crespo, y por delegación a las Fuerzas Armadas de las que él es el jefe supremo. De algo podemos estar muy seguros: los militares siguen atentamente cuanto hacemos y decimos los vasallos de su majestad el rey nuestro señor.

ARTURO DEL VILLAR, Presidente del colectivo Republicano Tercer Milenio

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